Perú, nuestra crisis de valores ( Parte I )

Perú: Nuestra crisis de valores (Parte I)

Por Daniel Alvarado
Oct 2026

La corrupción, la pérdida de confianza en las instituciones y la tolerancia frente a las conductas ilícitas revelan una crisis que va mucho más allá de la política. Recuperar la honestidad, el respeto a la ley y la responsabilidad ciudadana es una tarea urgente para reconstruir el país.

Hay crisis que se pueden medir en puntos del producto bruto interno, en índices de pobreza o en cifras de desempleo. Pero existen otras, más profundas y difíciles de cuantificar, que terminan condicionando el destino de una nación: las crisis de valores. El Perú enfrenta una de ellas. La corrupción que deteriora la administración pública, la desconfianza hacia las instituciones, la indiferencia frente al bien común y la creciente aceptación de conductas que deberían ser socialmente rechazadas constituyen señales de un problema que no podemos seguir tratando como si fuera exclusivamente judicial o político.

Cuando una sociedad comienza a considerar normal lo que antes le producía indignación, algo fundamental se ha quebrado. Cuando se admira al que consigue sus objetivos sin importar los medios utilizados, cuando se justifica la coima porque “así funcionan las cosas” o cuando se acepta la mentira de un gobernante siempre que favorezca nuestros intereses, el problema deja de estar únicamente en quienes cometen las faltas. Empieza a instalarse también en la cultura colectiva. La pregunta que debemos hacernos es incómoda, pero inevitable: ¿en qué momento comenzamos a confundir la viveza con la inteligencia, la impunidad con el éxito, la falta de escrúpulos con la capacidad para triunfar? en qué momento empezamos a reírnos del "pendejo”?

El precio de haber convertido la corrupción en una costumbre

Según la Contraloría General de la República, el costo estimado de la corrupción y la inconducta funcional durante 2023 alcanzó aproximadamente los S/ 24.268 millones, equivalentes al 12,7 % del presupuesto público ejecutado ese año. Detrás de semejante cantidad de dinero hay mucho más que una pérdida contable. Son recursos que dejan de cumplir su finalidad: construir infraestructura, mejorar hospitales, equipar escuelas, garantizar servicios básicos y atender las necesidades de millones de peruanos. Cada sol desviado, cada obra paralizada por intereses particulares y cada contrato manipulado representan oportunidades perdidas para una población que exige resultados concretos al Estado.

El Índice de Percepción de la Corrupción de acuerdo a la encuesta de Proética e Ipsos de 2025 la tolerancia ciudadana hacia la corrupción habría pasado del 15 % al 31 % entre 2022 y 2025. Estos indicadores deben interpretarse con rigor: la percepción de la corrupción no equivale a una medición directa de todos los actos corruptos, y la tolerancia declarada no significa que la mayoría de los ciudadanos apruebe esas conductas. Sin embargo, las tendencias descritas plantean una advertencia que no debemos ignorar. Una sociedad puede soportar durante cierto tiempo instituciones deficientes. Lo que difícilmente puede sostener sin consecuencias es la progresiva pérdida de confianza en las reglas que permiten convivir, trabajar y construir un futuro común.

La responsabilidad comienza en quienes gobiernan

No podemos exigirle al ciudadano que respete las normas mientras observa que quienes ejercen el poder las utilizan en beneficio propio. La conducta de las autoridades tiene una dimensión ejemplar. Un político que cambia de partido sin un ápice de vergüenza, un funcionario que exige una coima, un representante que utiliza su cargo para favorecer intereses privados o una autoridad que evade sus responsabilidades transmite un mensaje devastador: las reglas son obligatorias para los ciudadanos comunes, pero negociables para quienes tienen poder.

Este doble estándar destruye la legitimidad institucional. También alimenta el cinismo de quienes concluyen que actuar correctamente es una desventaja frente a quienes prosperan mediante influencias, engaños o privilegios. La lucha contra la corrupción, por tanto, no puede limitarse a endurecer las penas después de que el daño se haya producido. Es indispensable prevenir las irregularidades, garantizar la independencia de los organismos de control, transparentar las contrataciones públicas y asegurar que las investigaciones y sanciones se desarrollen sin favoritismos. La justicia debe ser firme, pero también independiente. La transparencia debe alcanzar a todos, sin importar el partido político, el apellido, la posición económica o la cercanía con el poder. No hay verdadera autoridad moral cuando se exige honestidad al adversario y se justifican los abusos del aliado.

La crisis no nace únicamente en el Estado

Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad a los políticos. Pero esa explicación, aunque identifique una parte fundamental del problema, resultaría incompleta. Los valores se forman en la familia, se fortalecen en la escuela, se ponen a prueba en el trabajo y se reflejan en la vida pública. La sociedad no es una espectadora ajena a lo que sucede en sus instituciones.

Cuando alguien ofrece dinero para evitar una multa legítima, consigue un beneficio mediante una mentira o utiliza contactos para obtener una ventaja indebida, reproduce en pequeña escala la misma lógica que después condena en las altas esferas del poder. Esto no significa equiparar las responsabilidades de un ciudadano con las de una organización criminal o un funcionario que desvía millones. La magnitud del daño, el poder ejercido y las obligaciones legales son diferentes. Significa reconocer que la cultura de la transgresión encuentra terreno fértil cuando las pequeñas faltas se justifican y las grandes irregularidades quedan impunes.

También debemos comprender que la informalidad económica no convierte automáticamente a una persona en deshonesta. Millones de peruanos trabajan fuera de la formalidad porque enfrentan barreras económicas, regulatorias y laborales. El desafío consiste en promover la formalización, facilitar el cumplimiento de las normas y combatir los abusos sin criminalizar a quienes buscan ganarse la vida. Una sociedad más justa necesita ciudadanos responsables, pero también instituciones que hagan posible actuar correctamente.

Una sociedad más justa necesita ciudadanos responsables, pero también instituciones que hagan posible actuar correctamente. No basta con exigir honestidad a quienes nos gobiernan si no estamos dispuestos a practicarla en nuestra propia vida; tampoco podemos pedirle a la ciudadanía que confíe en sus instituciones mientras quienes tienen la obligación de dar el ejemplo contribuyen a desacreditarlas. Esta contradicción nos conduce al verdadero fondo del problema: la crisis de valores del Perú no se resolverá únicamente cambiando a los políticos, endureciendo las leyes o castigando a los corruptos. Es necesario reconstruir una cultura ciudadana en la que la honestidad no sea confundida con ingenuidad, el respeto a la ley no sea motivo de burla y el compromiso con el bien común tenga más valor que la ventaja individual.

Pero ¿cómo se reconstruye esa cultura? ¿Qué papel deben desempeñar la familia, la escuela, las instituciones públicas y cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos evitar que las nuevas generaciones hereden una sociedad en la que la viveza parece premiarse más que la honradez y donde la desconfianza amenaza con convertirse en una forma de convivencia?

Responder a estas preguntas exige ir más allá de la denuncia. Necesitamos examinar las causas de esta degradación, pero, sobre todo, identificar los caminos que nos permitan recuperar los principios que hacen posible una sociedad más justa, solidaria y democrática. Porque reconocer que el Perú atraviesa una crisis de valores es apenas el primer paso. El verdadero desafío consiste en transformar esa constatación en una voluntad colectiva de cambio.

En la segunda parte de este artículo abordaremos precisamente ese desafío: cómo educar para formar ciudadanos, recuperar el sentido del bien común y asumir los compromisos indispensables para reconstruir el país que queremos dejar a nuestros hijos.